La eliminación en el Código Civil del apartado que expresa como derecho humano el acceso irrestricto al agua potable dispuesto por el Gobierno nacional ha suscitado severas críticas. Una de las voces más preocupadas por el tema es la de Mónica Bonifazio, trabajadora de la educación pública costera, quien condenó enérgicamente la iniciativa admitiendo que la inadmisible medida “atenta contra la vida”. Como si alguna vez el acceso al agua potable hubiese sido respetado como derecho humano, la bravuconada kirchnerista no hace más que profundizar la aceptación hacia los vicios mercantilistas de los grandes grupos económicos que la ineficacia y la corrupción políticas avalan conformando una estrecha asesina complicidad.
A sabiendas que el Banco Mundial y sus subrogantes imperialistas ya se han pronunciado en favor de la privatización del suministro de agua potable y demás servicios básicos, en pos de convertirlos en “herramientas de negocio”, la postura del Gobierno de Cristina Fernández en ese mismo sentido no duda en acatar con obediencia lo que el poder económico mundial dictamina.
A todo esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas declamó que el acceso al agua potable debe no perder su condición de derecho humano, en un nuevo arrebato demagógico de prepotencia verbal que jamás ha llevado a la práctica.
Bonifazio, en conversación mantenida durante La Radio Ha Vivido Equivocada desde la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), donde se encuentra ocasionalmente, señaló su repudio absoluto y exhortó a “tomar conciencia plena de esta situación que en poco tiempo puede acabar con la vida en todo el mundo, ya que el problema del agua potable no es sólo una complejidad que manifiesta en la Argentina”. Al respecto, la profesora de letras agregó que, por ejemplo, en “Londres se consume agua potable mezclada con cocaína”.
Asimismo, no desestimó la penosa situación que atraviesa históricamente Haití –uno de los países más pobres del mundo-, en donde el agua potable es un artículo de uso suntuario y sólo “los poderosos pueden acceder sin restricciones a su consumo”.
[divider]Mónica Bonifazio, en diálogo con #LRHVE[/divider]
Por otra parte, el escritor y economista argentino especialista en temas de medio ambiente Elio Brailovsky emitió una cruda y crítica opinión sobre el tema, que reproducimos a continuación.
El acceso al agua como derecho humano
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Es la primera vez que los organismos internacionales aceptar incluir un tema ambiental dentro del ámbito de los Derechos Humanos.
Son numerosas las legislaciones que lo hacen, pero hasta ahora no se había logrado el mismo enunciado por parte de uno de los organismos del sistema de Naciones Unidas.
En realidad, uno de los más poderosos organismos del mismo sistema, el Banco Mundial, sostiene exactamente lo contrario. Para el Banco Mundial, los servicios públicos de agua y saneamiento son, ante que nada, oportunidades de negocios.
Ambos puntos de vista son incompatibles, porque:
- Si el agua es una oportunidad de negocios estos servicios deben ser privatizados y cobrados a los usuarios de forma de garantizar una rentabilidad a los inversores para que sigan poniendo dinero en el sistema. Esto implicar dejar afuera a todos los que no puedan pagar el servicio.
- Por el contrario, si el agua y el saneamiento son un derecho humano, el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio. Debe ser la comunidad entera quien se haga cargo del costo de los que no puedan pagarlo. En el caso del servicio público de agua corriente, el Estado debería asegurar una cantidad mínima gratuita y cobrar sólo a quienes consuman por encima de ella.
Por supuesto, no deberíamos cometer la ingenuidad de creer que una declaración es suficiente para terminar con la injusticia. Se trata de un espacio de conflicto, que refleja las diferencias entre dos tipos de organismos de Naciones Unidas. Algunos de ellos se manejan según el principio de “cada pais, un voto”. Esto ocurre en la Asamblea General, la UNESCO, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), etc. Allí los países del Sur tienen oportunidad de incorporar sus reclamos de índole social, como ocurrió esta vez.
Es completamente distinto el caso de otros organismos de Naciones Unidas, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Allí los votos son proporcionales al poder económico de los países (la cantidad de acciones que tienen) y de allí surgen las presiones de privatizar los servicios públicos de agua y saneamiento. Estas presiones fueron, en otro tiempo, tan fuertes que se aprovechó la debilidad económica de algunos países para exigirles privatizar estos servicios a cambio de otorgarles créditos para otras cosas.
Esa privatización tuvo, en muchos países, consecuencias desastrosas. En sitios aparentemente tan distintos como Sudáfrica y Colombia, a miles de familias se les cortó el agua porque no podían pagarla. Nadie se molestó en calcular cuántas enfermedades y muertes provocó este criterio de hacer negocios con uno de los componentes esenciales de la vida. Por eso, por ejemplo, los esfuerzos de las ONG´s colombianas nucleadas en Ecofondo para lograr una reforma constitucional que incluya este derecho.
Es previsible que el Banco Mundial no se de por enterado y continúe presionando a los países, pero esta Declaración les da a los Gobiernos que estén dispuestos a hacerlo, una herramienta para resistir esas presiones.
En el ámbito local, es el momento de reclamar cambios en nuestras respectivas normativas para agregar este derecho. Y alguien nos responderá que no hay dinero para hacerlo. En realidad, sí hay dinero pero las prioridades son otras.
Las cifras son sugestivas. En Argentina el 18 por ciento de la población vive en casas sobre calles que no tienen pavimento. Pero el 57,50 no tiene cloacas. Sin embargo, la falta de pavimento hace que la gente se embarre y la falta de cloacas puede provocar que se enferme o se muera. Es decir que las obras de saneamiento son, de lejos, mucho más importantes que las obras viales. Pero las cifras nos muestran la prioridad del automóvil sobre la salud humana de un modo absolutamente claro.
Esta prioridad es política, pero no podemos atribuirla solamente a los dirigentes políticos de uno o de otro sector. En una sociedad democrática, los representantes ejecutan aquellas obras que son más atractivas para los vecinos. Sea por vocación de servicio o por simple cálculo electoral, los que realizan las obras tratan de satisfacer el pedido de los usuarios. Y a los usuarios (es decir, a nosotros mismos) parece importarles más el bienestar de los automóviles que el de las personas.
Tal vez esta declaración de la ONU nos ayude a reclamar lo que más necesitamos.
