[capdrop]E[capdrop]n las columnas anteriores describimos cómo la región del Partido de la Costa pasó de ser una tierra poco lucrativa a ser un territorio de especulación inmobiliaria. Esto se da por el cambio de modelo económico y las nuevas conquistas sociales de los trabajadores de la mano de Perón.
Llega el turismo masivo de sol y playa
El Decreto 1440 de 1943 proclama que los trabajadores gozan de un período de vacaciones pagas; el descanso deja de ser un privilegio de unos pocos y se transforma en derecho. Es en esta coyuntura que las familias propietarias de campos localizados en el actual Partido de la Costa comienzan el loteo y remate de los terrenos de aquellos fondos de estancias improductivos. El litoral bonaerense se presenta como el destino propicio para el desarrollo del llamado turismo masivo de sol y playa por la amplitud, diversidad y calidad de sus playas , las condiciones climáticas del territorio, los atributos del paisaje, la distancia al área metropolitana y la conexión vial. Se repiensa el territorio costero bonaerense y éste se convierte en un objeto de consumo turístico; esto significa su valorización en tanto objeto de ocio al mismo tiempo que se transforma en soporte de la actividad turística. La región que hoy comprende el Partido de la Costa, ya tenía “el 84,9 por ciento de las tierras incorporadas como urbanas […] antes de 1950” (Bertoncello, 1992), con el fin de lotearlas y venderlas rápidamente o utilizarlas como segundas viviendas para descanso sea propio o para alquiler. Esto no significaba una ocupación efectiva de las mismas pero sí demostraba el interés especulatorio que el territorio había generado a partir de la nueva estructuración social, económica y cultural que el país vivía.
Esta densificación ocurrirá en la década del 70, cuando comienzan a percibirse los problemas ambientales derivados de la falta de planificación territorial. Entre 1950 y 1980, se intentó reglamentar las subdivisiones sobre las costas y las zonas de médanos móviles a través de diferentes decretos y leyes como el Decreto 9196 de 1950 que prohibía realizar loteos sobre médanos vivos, limitando la subdivisión de tierras. Éste fue derogado en 1977 con la Ley 8912 (Ley Provincial de Uso del Suelo), que establecía pautas para:
“[…] crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con el Océano Atlántico [en la que también] se prevé se la cesión gratuita al Fisco, fijada, arbolada, parquizada y con espacio para estacionamientos de vehículos, de una franja de 100m de ancho, medida desde la línea de pie de médano o acantilado, lindera y paralela a las mismas, destinadas a usos complementarios al de playa) […]”. (Hernández, 2003)
Con estas nuevas reformas, se continuaron fundando los balnearios de Costa Azul (1950), Lucila del Mar (1954), Las Toninas (1960), Costa del Este y Aguas Verdes (1966) y Nueva Atlantis (1977). En 1978, nace el “Municipio Urbano de La Costa” a través del Decreto-Ley 9024/784. El artículo 1 establece la creación de tres partidos nuevos pertenecientes anteriormente a General Lavalle y General Madariaga, entre los que se encontraban además del Partido de la Costa, los de Pinamar y Villa Gesell. Esta modificación en la división política de la provincia de Buenos Aires, responde al rápido crecimiento de estas localidades debido al auge turístico. Los fundamentos de dicha modificación se encuentran en las dos realidades que presentan los diferentes paisajes que conviven en dichos partidos: por un lado, el ámbito rural con particularidades intrínsecas a su entorno y por otro, el frente costero, que constituye un fenómeno de características propias dentro de la provincia de Buenos Aires (Juárez y Mantobani, 2006).
Construyendo y destruyendo
La necesidad de responder a la demanda turística se vio en el desarrollo urbanístico y la transformación del territorio a partir de la efectiva ocupación del espacio a partir de mediados de los 60. Más del 60% de los hoteles fueron construidos después de 1960 pero estos no poseían una buena calidad de construcción ni estaban equipados para dar cuenta de las necesidades del turismo; esta falta de estructura consolidó la práctica del alquiler de viviendas particulares en condiciones poco óptimas como sucedió en San Clemente y como se describe en un documento público de 1971:
“[San Clemente es una ciudad que] carece de equipamiento de tipo turístico de calidad y en la medida (cantidad) que los picos de temporada lo requerirían (..). Este balneario como los demás analizados dentro de esta subzona [partido de Gral Lavalle] carece de todo tipo de planificación urbana y su crecimiento ha sido pues espontáneo y de baja calidad. En dicho marco la construcción principalmente de departamentos con fines turísticos, ha cobrado un ritmo ascendente en los últimos años. Estos departamentos (tipo predominante de alojamiento no hotelero de baja calidad de construcción) son en primera instancia hechos para ser vendidos (..). Más tarde estos son o bien ocupados por sus propios dueños o alquilados”. (EDISAL, 1971: 95)
La compra de terrenos y las facilidades para su adquisición, sumado a la falta de plazas hoteleras, propiciaría la adquisición de lotes para su explotación turística, que a su vez, favoreció a las urbanizadoras en la medida que no se responsabilizaron por proveer de servicios básicos como luz, gas, cloacas y agua a los compradores de terrenos y depositó estas obligaciones en el poder público o en los propietarios.
De 1970 a 1984, la infraestructura de alojamiento no hotelero, compuesta por viviendas de uso turístico y parcelas para campamento, se multiplica 6.5 veces mientras que las plazas hoteleras aumentan cuantitativamente menos del doble. Esto trae innúmeras problemáticas ambientales como contaminación por aguas servidas, depredación del cordón medanoso y erosión costera.
Nunca hubo un (re)conocimiento del entorno
A pesar de que en los últimos años de la década del 70 el turismo masivo entra en crisis debido al nuevo modelo de apertura económica neoliberal, el Partido de la Costa avanza en su urbanización; predomina el paradigma económico sobre el ambiental. Prevalece un marcado crecimiento del ejido urbano en forma longitudinal y paralelo a la costa, acompañado por una progresiva demanda de espacio para diferentes usos de suelo. La comunidad sobredimensiona los efectos potenciales de la erosión costera, agravada por la permisividad para la instalación de nuevos balnearios. Para fines de la década del 80 y comienzos del 90, la ocupación de la región responde a estas prácticas sin considerar las consecuencias de la intensa intervención humana sobre el medioambiente que afectó de sobremanera el patrimonio físico y paisajístico de la región.
La falta de políticas públicas que protegiera al territorio de la intensa intervención humana fue substituida por leyes y decretos que favorecieron la aceleración de procesos disruptivos en el entorno así como lo hizo la inacción del poder público delante de la especulación inmobiliaria. Al mismo tiempo, el Estado no respondió a las necesidades de la población que comenzó a establecerse en la región y que se volcó a ofrecer serviciós relacionados a la actividad turística, caracterizada por ser fundamentalmente estacional.
Esto tuvo como consecuencias un círculo vicioso del cual no se ha podido salir hasta ahora: el turismo continúa siendo el moldeador del territorio costero y nuestro medioambiente sufre por ello.
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