Un nutrido grupo de vendedores ambulantes se reunió a las puertas del palacio comunal en protesta por la discriminación laboral existente en el sector.
La concentración, realizada el pasado viernes, también sirvió para denunciar a la mafia de los punteros políticos que tienen a su cargo el cobro de los cánones por trabajar en playa, que inescrupulosamente además emplazan a abonar 3000 pesos a cada trabajador con el supuesto fin de higienizar los carros.
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Según los vendedores, los sicarios laborales al servicio del gobierno local exigen a cada trabajador el pago de hasta 30 mil pesos para poder ingresar su puesto ambulante a playa.