El Gobierno de José Rodríguez Ponte (UCR-Cambiemos) malgastó alrededor de 350 mil pesos de las arcas del Estado de General Lavalle en la construcción trunca de cuatro viviendas sociales (dos en la zona urbana y las restantes en el Paraje Pavón). La información fue formulada a NdR Radio por el encargado de la constructora, Diego Villanueva, quien además denunció a la gestión gubernamental lavallense de “desidia”, pues mientras las obras se llevaba adelante, los terrenos en que se hallaban culminaron inundados y ningún funcionario de Obras Públicas se preocupó por ello, a pesar del reclamo de la empresa constructora. Por ese motivo, y ante los reiterados “robos de materiales y distintos artefactos”, según especificó Villanueva, el Gobierno de Lavalle decidió abandonar el proyecto y no hacer frente a sus responsabilidades. “Solo me abonaron el 30 por ciento de los 949.200 pesos del total que figura en el contrato de trabajo”, sentenció el empresario, que sospechosamente, además, es de la Ciudad de Buenos Aires y tal como el mismo reconoció “me contactó el arquitecto Rubén Trovatto, quien ya me conocía por otros trabajos”.
Además de ese porcentaje, el municipio le abonó a la constructora porteña otros 50 mil pesos como parte de pago de una certificación de continuación de obra (finalmente no sucedió) que en su totalidad asciende a más de 280 mil pesos.
Según Villanueva, “perdí mucho dinero con todo esto, pues tuve que viajar desde la Ciudad de Buenos Aires junto a un equipo de trabajadores y alquilar una vivienda en San Clemente, para estar cerca y verificar el desarrollo de la obra. Seguramente, ahora dejaré todo en manos de la Justicia, pues pretendo cobrar lo pautado”.
El contrato de tercerización de la construcción de estas cuatro viviendas sociales se firmó el 17 de febrero de 2017, por un monto de $949.200. Hace once meses se avaló una certificación de obra, de la que sólo la gestión del radical macrista Rodríguez Ponte abonó 50 mil de poco más de 280 mil pesos. Desde esa fecha, las tareas se interrumpieron, dejando a la deriva a cuatro familias que ya tenían supuestamente adjudicadas las casas.
Por Gustavo Calle
[dropcap]L[/dropcap]a corrupción no sólo es propiedad intrínseca de lo económico. También el desfalco alcanza a otros ámbitos humanos inherentes, sobre todo, a las cuestiones de poder. La “desidia” con la que acusaba el constructor porteño Diego Villanueva al gobierno de General Lavalle, y en particular al intendente radical macrista José Rodríguez Ponte por haber abandonado una obra de cuatro viviendas sociales -dos en el casco céntrico de la ciudad y las otras en el Paraje Pavón- debe entenderse también como un acto de corrupción. No sólo porque la gestión gubernamental lavallense abonó casi 350.000 pesos a una empresa constructora para llevar adelante una tarea incumplida con arcas del Estado -es decir, despilfarrar dinero de los pobladores de la localidad-, sino además porque el desinterés por cubrir necesidades y urgencias básicas habitacionales, con los sueños y anhelos que eso implica para los adjudicatarios, conforma un cohecho que atenta contra la dignidad humana. Sin más, el Gobierno de General Lavalle, como todos sus émulos –sin distinción de banderías-, forma parte de una aberrante y condenable sistemática metodología política. Al menos, así lo marca la revisión histórica asentada en pruebas contundentes, que para la Justicia y todos los órdenes del poder pueden no ser tales e indemostrables -de hecho lo son, por algo se llama “corrupción”-, pero para los perjudicados y desheredados de siempre y todavía son evidencias irrefutables, aunque incontrastables cuando se topan con el axioma anterior.
Las obras paralizadas
El primer eslabón para la dilucidación inmediata de esta trama corrupta y de absoluto libertinaje de arbitrarias decisiones se funda en la contratación por parte de un Estado –en este caso graficado en el gobierno de General Lavalle- de una empresa privada para llevar adelante una obra pública. Primera paradoja que hace insalvable cualquier posibilidad de defensa política. Y más aún cuando esta empresa se halla a 400 kilómetros de distancia, en la Ciudad de Buenos Aires, y debe –y en esto no hay exigencia de ser un exégeta o un hermeneuta para darse cuenta- trasladar un equipo de peones para llevar adelante la tarea, con los lógicos gastos consiguientes que ello provoca. Es decir, en un presupuesto de casi un millón de pesos para la construcción de sólo una parte de cuatro viviendas sociales, hay varios miles de más, derrochados, inconcebibles. Si un gobierno no puede por sus propios medios construir cuatro modestas casas con mano de obra propia, al menos -y en la más inocente credibilidad- debería replantearse firmemente que está equivocado en el camino.
► Diego Villanueva, contratista del proyecto de las viviendas sociales, en el aire de #LRHVE
El segundo eslabón de esta cadena de inmoralidades y despropósitos contempla lo que el mismo contratista, Diego Villanueva, admitió en la entrevista realizada en la emisión del lunes (28) de La Radio Ha Vivido Equivocada: ser amigo de un arquitecto, Rubén Trovatto, quien forma parte del equipo de asesores profesionales en la materia del gobierno de Rodríguez Ponte. De allí se desprende, sin vacilaciones ni elucubraciones mayores, el porqué de la contratación de una empresa distante 400 kilómetros de General Lavalle, para que se encargue de las tareas. Y por casi un millón de pesos, que cubría solo una parte del trabajo total. Obreros independientes locales, por ejemplo, ¿hubiesen presentado un presupuesto mayor? Sin temor a inmediatas equivocaciones, proclamó rotundamente “no”.
El tercer capítulo tiene que ver con los terrenos inundables y bajos en que la gestión Rodríguez Ponte decidió construir las casas. El equipo de arquitectos, ingenieros, abogados del municipio, ¿desconocía esta situación? Indefectiblemente, si es así habría que juzgarlos por mala praxis, al menos. Si como señaló Villanueva, “creo que el Gobierno de Lavalle quiso hacer las cosas bien, pero el resultado es contrario”, fuese una verdad irrefutable, estaríamos admitiendo incapacidad, impericia, desdén (cualidades que las hay también en hechos de corrupción y son inseparables de cualquier gobierno de turno), entre otras falencias inexcusables e imperdonables. En verdad, acá no se quiso hacer las cosas bien, indudablemente, y el corolario es el que debió ser. Simple correlato filosófico de partir de premisas válidas para arribar a una conclusión valedera e indiscutible.
Diego Villanueva: “Además de todas las irregularidades cometidas, jugaron con la ilusión de muchas familias“
Por último, para cerrar el ciclo de corrupción, la perversidad tan afín a cualquier sector político. Afán por prometer, ilusionar, esperanzar a cuatro familias, en este caso, urgidas, seguramente -o eso pretendemos creer- de saciar una necesidad esencial e indispensable como la posesión de una vivienda propia. Una simple, sencilla y modesta vivienda propia, por la que además deberán abonar (aquí el clientelismo politiquero no regala nada; por el contrario, con cuotas mal reconocidas y definidas como “accesibles” hipotecan la vida de cualquier trabajador y le hacen ver y sentir que debe agradecer por ello). Casas que finalmente quedaron inconclusas en su construcción como los sueños, una vez más, de aquellos que apostaron a confiar en estos autoproclamados “representantes”.
La corrupción, por tanto, deberemos entenderla y concebirla como una categoría aristotélica que también posee su parte paralela a la crematística. No sólo está conformada por intereses dinerarios o de acumulación deshonesta de los mismos, sino también como defraudación en la faceta humana de la economía. Reina del sometimiento y la deshumanización, la economía, en cuanto se halle en manos de estos paladines de los ardides y estrategias que tienen como objetivo y desarrollo la adquisición de riquezas tendientes a facilitar el crecimiento de su poder. Es decir, de la corrupción. Y si no la combatimos, quizá más temprano que tarde podamos nosotros también quedar incorporados a ella. Al menos, como cómplices, que no es decir poco.
