Días atrás tuvimos la agradable noticia de que la Cámara de Senadores aprobó por 163 votos afirmativos, 8 abstenciones y ninguno en contra la Ley de Presupuestos Mínimos para la adaptación y mitigación al Cambio Climático (sí, yo también me pregunto quién puede abstenerse y no votar a favor de una ley como esta. Pero estamos en Argentina y hay que agradecer que se aprobó). La importancia de esta ley tiene que ver con que se institucionaliza la existencia de un Gabinete Nacional de Cambio Climático y su función principal va a ser la de implementar un plan de adaptación y mitigación al Cambio Climático. Cada provincia a su vez, deberá desarrollar un plan de respuesta al cambio climático y se establecerán medidas y acciones mínimas de adaptación y mitigación a nivel nacional y provincial.
Dos cosas que nos competen a nosotros simples ciudadanos es que además, cada jurisdicción debe promover la participación para el desarrollo de estas políticas de cambio climático y todos los datos e información referidos al accionar de los actores envueltos debe ser pública. Se promueve así la participación civil, la nuestra, en estas acciones.
A pesar de la importancia de esta ley, todavía queda mucho camino por recorrer. Ya existen leyes referidas al medioambiente como la Ley General del Ambiente que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina; sim embargo, continuamos viendo cómo se destruye nuestro medioambiente independientemente de la legislación.
¿Por qué sucede esto?
Uno de los motivos tiene que ver con los presupuestos mínimos de los que hablan tanto la Ley General del Ambiente como esta nueva ley y estos son un tema de debate constante porque ¿qué es un presupuesto mínimo al final?
En términos no jurídicos, explicita de alguna forma las acciones mínimas permitidas o que se deben realizar según la legislación actual: no podemos andar descargando material radiactivo en territorio nacional, debemos proteger la biodiversidad y los ecosistemas del país, debemos garantizar un ambiente sano para esta y las próximas generaciones, etc. Veamos un ejemplo: existe la Ley de Nacional de Bosques Nativos que establece los presupuestos mínimos para la conservación y manejos de los bosques nativos regulando el avance de la frontera agropecuaria, buscando que prevalezcan los principios precautorio y preventivo cuando un juez debe tomar una decisión respecto a una cuestión ambiental (que significa básicamente si una acción, como talar 200 árboles en una zona de bosque nativo, puede tal vez afectar el ecosistema del lugar, es mejor considerar que por las dudas, mejor no se haga) y otras obviedades a los ojos de cualquier persona con un gramo de sentido común y amor por el ambiente. Además, se creó un fondo para compensar a las provincias que mantuvieran esos bosques ya que se supone que, por ejemplo, al no permitir que se talen árboles para lucrar con la agricultura, pierden dinero. Entonces el Estado fomenta el cuidado de ese patrimonio nacional a través de un incentivo económico que compensaría esa pérdida. ¿La realidad? Según la FARN, institución reconocida a nivel nacional e internacional por sus aportes constantes a la cuestión ambiental, para 2020 se destinará el 3,25% del mandato legal para compensar a las provincias, un total de 10,20 pesos por hectárea de bosque nativo. ¿Y los presupuestos mínimos dónde quedan entonces?
Otro ejemplo de los presupuestos mínimos entra en la cuestión de los principios precautorio y preventivo. Aquí si bien se toma como base las legislaciones existentes, en su mayoría los tratados internacionales que la Argentina ratificó, mucho depende del juez que tome la causa. Existen fallos que en primera instancia fueron pro- ambiente mientras que en segunda instancia otro juez falló en contra o modificó la sentencia para que sea del agrado de quien estaba causando algún daño ambiental. Los agrotóxicos son un ejemplo: hay jueces que aumentan la frontera entre las poblaciones y dónde pueden pasar los aviones con su veneno porque si bien muchas veces no puede saberse si causará daño a X distancia por causa del viento y otras variables, es mejor precaverse y decidir una distancia mayor, mientras que otros disminuyen la frontera porque no consideran que haya riesgo alguno a cierta distancia.
Entonces, dependemos mucho de la posición del juez que falla a pesar de la legislación existente ser bastante clara para quienes no somos del área jurídica. Obviamente si hay debate es porque aún queda mucho por discutir entre quienes hacen las leyes. Mientras tanto, tenemos que celebrar que se aprueben leyes referidas al medioambiente, no importa lo que falte para que sean más claras o más estrictas. Cuanto más avancemos en esta materia, más herramientas tendremos para salvar lo que nos queda.
